Ya está vigente el Reglamento de Proyectos de Reducción de Emisiones de Contaminantes para Compensar Emisiones Gravadas, instrumento con el que Chile da un paso más en su objetivo de alcanzar la carbono neutralidad y, por ende, un futuro sostenible.

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley N°20.780 (D.S. N°4/2023,) que efectuó reformas al sistema de tributación de la renta, crea el Sistema de Compensación de Impuestos Verdes, marcando un hito en el país en la lucha contra la contaminación y la promoción de una economía sustentable. 

 

Chile ha implementado un sistema de políticas públicas que promueve la reducción de emisiones contaminantes de impacto tanto global como local. De hecho, en 2017 Chile se transformó en el primer país Sudamericano en gravar las emisiones de CO2 mediante el denominado  “impuesto verde”.

 

Y ahora, producto de una modificación legal (establecida por la Ley 21.210) que entró en vigencia la innovadora herramienta para compensación de emisiones de fuentes fijas que no solo tiene el potencial de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos, sino que también impulsará la transformación de la industria hacia prácticas más respetuosas con el medioambiente mediante la implementación de proyectos sostenibles a lo largo del país.

 

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

 

La herramienta tiene seis claves para su aplicación:

 

1. Compensación de emisiones gravadas: La iniciativa permite a los contribuyentes compensar sus emisiones de fuentes fijas gravadas con el impuesto verde, ya sea en su totalidad o en parte, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones. Esto no solo fomenta la responsabilidad empresarial, sino que también abre las puertas a la inversión en proyectos ambientales que contribuyen al bienestar de la sociedad.

 

2. Criterios rigurosos para proyectos ambientales: Para garantizar que éstos sean efectivos y sostenibles, se han establecido criterios rigurosos. Las reducciones de emisiones deben ser adicionales, medibles, verificables y permanentes, de modo que estas sean genuinas y tengan un impacto duradero en la reducción de la contaminación.

 

3. Enfoque en proyectos locales: Las reducciones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2) deben provenir de proyectos ejecutados en la misma zona latente o saturada por ese contaminante, en la misma comuna o comunas adyacentes. Con ello se asegura que los beneficios lleguen a quienes se ven más afectados por esa contaminación y se promueve la economía local. En el caso del CO2, en tanto, las reducciones deben originarse en proyectos implementados en el territorio nacional, estimulando la creación de iniciativas ambientales en el país.

 

4. Verificaciones independientes: La transparencia y la confianza juegan un papel fundamental en este sistema. Las reducciones de emisiones deben ser verificadas por auditores externos autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), quienes en su rol de terceras partes independientes darán mayor transparencia al mercado. Luego, estas serán certificadas por el Ministerio del Medio Ambiente, emitiéndose un certificado que podrá ser adquirido por sujetos gravados. Este proceso de certificación de las reducciones de emisiones permite asegurar la integridad ambiental del sistema, es decir, que los resultados sean confiables y que las empresas cumplan con sus compromisos ambientales.

 

5. Redireccionamiento de recursos a proyectos sostenibles: Los sujetos gravados tendrán la opción de escoger proyectos de reducción de emisiones con beneficios medioambientales y sociales concretos para el país. Al comprar certificados de reducciones de emisiones que sean parte del Sistema de Compensación, esto es, reducciones verificadas por terceros independientes, estarán financiando soluciones beneficiosas para el medioambiente y desde hoy se constituirán como una fuente de financiamiento complementaria para el desarrollo de este tipo de proyectos.

 

6. Registro Nacional de Proyectos de Reducción de Emisiones: Para llevar un registro adecuado de los proyectos y las reducciones certificadas, se habilitará un Registro Nacional de Proyectos de Reducción de Emisiones, administrado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta base de datos proporcionará información valiosa sobre los avances hacia una economía más sostenible.